Condenar a un expresidente le costó la tranquilidad: la jueza que firmó el fallo contra Uribe ahora pide protección internacional para sobrevivir

Las amenazas llegaron tan rápido como el impacto del fallo. Sandra Liliana Heredia, la jueza que condenó a Álvaro Uribe a 12 años de prisión, ahora enfrenta un riesgo tan concreto que el propio sistema judicial colombiano admitió su incapacidad para protegerla. El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial tuvo que tocar las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Urgente. Esto no da espera.

Por primera vez en décadas, una sentencia contra un expresidente es tan contundente que desata una maquinaria de intimidación que traspasa fronteras. La magistrada no solo recibe ataques de seguidores del condenado. Un representante de gobierno extranjero –cuyo nombre aún se investiga– la tildó de ‘jueza radical’ en lo que parece una campaña orquestada para desacreditar su trabajo.

¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie? Simple: si quien juzga a los poderosos necesita protección internacional, ¿dónde queda la justicia para el común de la gente? El mensaje es claro. Peligroso.

Colombia arrastra una deuda histórica con sus jueces. Desde 1979, más de 2.800 operadores de justicia han sido asesinados. La toma del Palacio de Justicia no fue un hecho aislado. Fue la expresión máxima de una violencia que persiste. Pero nunca antes el sistema había mostrado tal fragilidad al juzgar a un expresidente.

Las preguntas sobran. ¿Cuánto costará blindar la vida de esta magistrada? ¿Años? ¿Décadas? Los cálculos preliminares son alarmantes: proteger a un testigo de alto riesgo puede superar los 200 millones mensuales. Aquí hablamos de la jueza que sentó un precedente histórico. La factura será astronómica.

Y entonces, silencio.

El verdadero temor no son las cifras. Es el efecto dominó. ¿Cuántos jueces pensarán dos veces antes de firmar una sentencia controvertida? ¿Cuántas investigaciones quedarán en el limbo por miedo a represalias? Esto no es teoría. Es la realidad que se cocina en los juzgados desde que se conocieron las amenazas contra Heredia.

Antonio Suárez Niño, presidente de Fasol, lo dice sin pelos en la lengua: ‘Solicitamos al Gobierno Nacional medidas urgentes’. Pero la solicitud ante la CIDH revela una verdad incómoda: las autoridades colombianas ya no son suficientes. El mensaje salta fronteras porque dentro del país no hay garantías.

Lo cierto es que el caso trasciende a Uribe o a Heredia. Se trata de si Colombia puede juzgar a sus élites sin que la balanza se incline por las presiones. La independencia judicial suena bonita en los discursos. Pero en la práctica, depende de qué tan dispuestos estén los jueces a arriesgar su vida.

El fallo contra el expresidente fue histórico. La protección internacional para quien lo firmó debería serlo también. Pero es la constatación de una derrota. La justicia colombiana necesita escudos internacionales para hacer su trabajo. ¿Hasta cuándo?